Hacia una propuesta curricular intercultural en un mundo global

publicado a la‎(s)‎ 26 jul. 2013 17:20 por Administrador Sociedad Bosquesina   [ actualizado el 14 feb. 2014 9:00 ]
J. GASCHÉ, “Hacia una propuesta curricular intercultural en un mundo global.” Revista Interamericana de Educación de Adultos. Pátzcuaro, Michoacán, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Año 27, Núm. 1, 177-200.

HACIA UNA PROPUESTA CURRICULAR INTERCULTURAL EN UN MUNDO GLOBAL: DE LA DEMOCRACIA FORMAL Y CORRUPTA A LA DEMOCRACIA ACTIVA E IGUALITARIA.

 

Cuando hablamos de un “mundo global” ponemos de relieve la interconexión que hoy en día existe entre los puntos más alejados del globo terrestre gracias a los modernos medios de comunicación como teléfonos celulares, televisión e Internet, pero también aludimos al hecho de que el mundo entero se está haciendo un mercado único en el cual se desplazan los capitales financieros libremente y se enfrentan los actores económicos, cada uno contra todos, en una competencia generalizada, “mundializada”.

 

Pero la expresión “mundo global”, afirmada con un sentido positivo que nos invita a adherir a todos, sólo evoca una cara de la realidad —las diversas relaciones de todos con todos en el mundo de hoy—, mas no dice nada de la naturaleza de estas relaciones, no quiere evocar ni la jerarquía, ni la desigualdad que caracterizan estas relaciones. Hablar positivamente de un “mundo global” es olvidar que las relaciones dentro de ello son relaciones de dominación/sumisión política, de desigualdad económica y de injusticia sociocultural.

 

Existen sectores sociales sin peso en las decisiones políticas que sobre ellos repercuten, y abrumados por la propaganda económica que crea siempre nuevas necesidades de cuyas satisfacciones están excluidos, y que, a menudo, no logran satisfacer sus mínimas necesidades básicas, mientras que otros sectores —las empresas nacionales y transnacionales— van aumentando sus beneficios a tal punto que no los pueden ya invertir en nuevos procesos productivos y se resignan a distribuirlos entre sus accionistas.

 

Los sectores sociales dominados sufren además de la depreciación de sus valores socioculturales por el modelo civilizatorio dominante —consumerista, oportunista, individualista, sexista, antagonista y hasta violento— que propagan las películas norteamericanas vía la televisión en el mundo entero y que la élites nacionales han hecho suyo convirtiéndose en los propagadores de la ideología dominante en cada país.

La ley del más fuerte reina —veamos los ejemplos de Irak, de Chechenia y de Palestina—, pero al público de todos los países se distrae con discursos, charlas, debates que alimentan su ilusión o aspiración de participar en un orden democrático. Se olvida, o se quiere ocultar, que la mundialización de las fuerzas económicas consiste en la imposición de un orden, y no en su aceptación democrática, pues los actores que manejan estas fuerzas —los directivos de las compañías transnacionales y de las instituciones financieras internacionales (BID, Fondo Monetario, etc.)— no son democráticamente elegidos, en cambio, tienen los recursos para influir en los responsables políticos nacionales, los que, sí, han sido democráticamente elegidos, para que tomen las decisiones favorables a la expansión de sus empresas y el capital internacional.

 

Por esta razón, vemos diariamente que nuestros representantes no cumplen con su mandato electoral, que les ha hecho ganar sus votos, sino se inclinan hacia las decisiones que más ingresos y “honorabilidad” ideológica les procuran, traicionando así a sus electores. El capital internacional ha demostrado tener la fuerza suficiente para intervenir y manejar tanto a los responsables políticos como a las sociedades nacionales en función de sus intereses de expansión y enriquecimiento. Directamente, por los favores distribuidos a las clases políticas y eventuales líderes populares; e indirectamente por el control de los medios de comunicación, la propaganda y la publicidad,

 

Desde luego, en la democracia moderna, la corrupción no es un conjunto de casos aislados, sino el modo de gobierno —el modo de ejercicio del poder— transnacional, activado por las grandes empresas e instituciones financieras internacionales, que domina a los políticos nacionales (cual sea su nivel jerárquico: desde el presidente y los diputados hasta los jefes de proyectos de desarrollo) y los vuelve obedientes a los intereses económicos exteriores en desmedro de la voluntad popular expresada por el voto u opacada por los discursos dominantes.

 

El voto mismo aparece entonces como un mecanismo social insuficiente para asegurar, no sólo la expresión de una voluntad popular, sino también la ejecución de esta voluntad. Las elecciones, que se realizan mayormente cada 4 años, aparecen más como la firma de un cheque en blanco entregado a los diputados y gobernantes que como una fuerza realmente orientadora y controladora de la política nacional. De ahí resulta que, en caso de incumplimiento de promesas electorales demasiado flagrante, a los electores no les queda otra alternativa para hacer valer su voluntad que salir a la calle y protestar (cfr. Arquipa, Bolivia, Ecuador) u organizar reuniones políticas alternativas (vg. los Foros Sociales Internacionales y Nacionales).

 

La protesta aparece entonces como el último recurso para afirmar una voluntad política más general que los intereses particulares de los dirigentes políticos. Como la manifestación de la protesta popular exige, a su vez, una coordinación por líderes, estos pueden ser de dos tipos: o se dejan comprar por las fuerzas económicas dominantes, obrando, en cambio, por el apaciguamiento de la protesta y la conclusión de acuerdos que reduzcan las desventajas de las empresas a un mínimo; o persisten consecuentemente en las justas reivindicaciones populares contra las injusticias sociales y el abismo económico que separa los pudientes de los sumisos.

 

Contra estos líderes reticentes al consenso neoliberal la democracia formal ha desarrollado recientemente su aparato ideológico a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, dando mayor alcance a la noción de “terrorista”.

 

Todas aquellas personas que se manifiestan contra una política “democrática”, es decir, la que implementan los gobiernos elegidos pero corrompidos por las empresas transnacionales, corren el riesgo de ser clasificados como “terroristas”. Estos, por definición, no pueden gozar de las garantías civiles que las democracias formales otorgan normalmente a sus ciudadanos y, desde luego, son expuestas a sanciones penales expeditivas y excepcionales. En este sentido, un gran número de democracias han acentuado sus mecanismos de represión a expensas de los derechos civiles (cfr. El “Patriot Act” en Estados Unidos, reformas recientes en Rusia, nuevas legislationes contra el “terrorismo” en Francia, Gran Bretaña y Canadá).

 

La democracia moderna, corrompida por los intereses económicos personales de sus representantes y sometida a los intereses económicos transnacionales, ha creado su anti-virus —la noción del “terrorista”— que le permite combatir el virus que puede afectar todo su sistema, es decir, la protesta popular y sus líderes. Sin embargo, esta manera de ver —esta metáfora— está más de acuerdo con una visión desde el punto de vista de los políticos, que desde el punto de vista de los dominados, pues no toma en cuenta que la protesta no es más que la reacción a una traición: la traición de la promesa electoral.

 

Pero los que han traicionado no son castigados, quedan impunes, mientras que los contestadores corren el riesgo de sanciones legales. De hecho, ninguna democracia prevé sanciones contra representantes elegidos que no cumplen con la palabra con que han ganado sus votos. El discurso electoral se vuelve un ejercicio demagógico sin significar compromiso alguno con los electores, y los 4 o 5 años del mandato sirven sobre todo para llenarse los bolsillos, pues los electores no tienen ningún recurso democrático legal para sancionar a sus elegidos durante este lapso.

 

El voto, que debía ser la expresión de una confianza que compromete al elegido, no es más que un cheque en blanco cuyo rubro el elegido tratará de llenar con la mayor suma posible. Mientras que las organizaciones y los liderazgos populares, que hace tiempo han tenido y diariamente siguen teniendo la experiencia del abuso del voto —la traición de los políticos que mencioné antes—, tienden a ser criminalizados bajo el término de “terroristas”.

 

En el marco de un mundo global, los intereses económicos de las empresas transnacionales dominan, mediante la corrupción, a los políticos nacionales y, mediante el control de los medios de comunicación, la opinión, los gustos y las preferencias públicas. Los representantes de los intereses económicos transnacionales no son elegidos y, por tanto, escapan a cualquier control democrático. Más aún, representando intereses humanos minoritarios, tienen el poder de corromper a los políticos democráticamente elegidos que representan a las mayorías, anulando con eso la voluntad popular.

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